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Este es primero de los grupos de bienes que vamos
analizar. El volumen total de este grupo es de 113 piezas
entre las que se encuentran pinturas, orfebrería, libros de gran valor,
capas pluviales y casullas. Su reclamación se inició en 1.995, pero no es
hasta 1.997, cuando el Gobierno de Aragón (en aquel entonces de
coalición PP-PAR) decide ejercer acciones ante el Tribunal Eclesiástico.
En junio de ese mismo año, el entonces Nuncio Apostólico de Su Santidad en
España, acuerda crear una Comisión de Estudio, que concluirá sus
trabajos el 29 de junio de 1.998, fecha en la que produce la
primera orden de devolución de los bienes por parte del Nuncio Monseñor
Lajos Kada. El Obispado de Lérida recurre el Decreto de
devolución ante la Santa Sede. Aunque la Coalición es diferente
(ahora se trata de un gobierno PSOE-PAR) es el Partido Aragonés quien
ha asumido en la misma las competencias en materia de Cultura, y con
el impulso del entonces Consejero Javier Callizo Soneiro, se continua con el
litigio. Tras algunos viajes a Roma, el Vaticano desestima el recurso
de Lérida, en Mayo de 2.000 y en Septiembre de 2.001, se crea una Comisión
para determinar el catálogo de Obras a devolver.
No obstante, el Obispo de Lérida, en Octubre 2.002, vuelve a recurrir
en súplica ante el Santo Padre, quien desestima el recurso, y los
trabajos de la Comisión continúan. En junio de 2.004, el Obispado de
Lérida, sustituye a sus dos representantes en la Comisión y recusa a
los otros dos por considerarlos “parciales”. Ello supone una paralización
total de los trabajos y el Vaticano decide nombrar un solo ejecutor,
nombramiento que recaerá en Febrero de 2.005, en la persona de Silverio
Nieto. Mientras el Obispo de Lérida señala su disposición a retener
los bienes. En Septiembre de 2.005, un Decreto de la
Congregación de Obispos, ordena a Monseñor Ciuraneta a
devolver los bienes a Barbastro en un plazo no superior a 30 días.
Periodo que ya ha transcurrido, como ha denunciado el Obispo de
Barbastro – Monzón a la Santa Sede.
El Obispo, busca en las disposiciones administrativas
catalanas (descatalogación de bienes, recursos a los tribunales
eclesiásticos, que ya no caben, posibles recursos civiles.....)
dilatar al máximo el acatamiento a la Congregación de Obispos,
mientras la Generalitat estudia acciones legales. Lo cierto es que a fecha
de hoy, persiste el expolio de los mismos.
Tras diferentes acercamientos entre las administraciones autonómicas
aragonesa y catalana, por un lado la Diputación Provincial de Lérida ha
realizado cuantas maniobras dilatorias le han sido posibles para evitar el
regreso de dichos bienes, por otro la diócesis ilerdense ha decidido acudir
al Tribunal Eclesiástico de la Rota (pese a conocer que ya ha agotado
totalmente los recursos ordinarios en la vía canónica y la firmeza de la
resolución). Por último, la Generalitat ha lanzado una propuesta limitativa
de la propiedad y la posesión de los bienes al plantear la necesidad de una
hipotética “unidad de la colección museística” y por tanto la imposibilidad
de su segregación y el retorno incondicional de los bienes. |
