Zaragoza.- La Comisión Sectorial de Fomento del Partido Aragonés (PAR) ha criticado hoy que el proyecto de Ley de Cajas que están negociando a nivel nacional PSOE y PP desvincula del territorio a las cajas y las aboca a la privatización. El presidente de esta Sectorial, Carlos Franco, advierte que con esta ley se avanza hacia un modelo de gestión de la cajas con fines lucrativos, donde los beneficios que se generen no se revertirán ya en la sociedad. Esta negociación entre Rajoy y Zapatero se está llevando fuera del Parlamento, sin luz ni taquígrafos y sin contar con las Comunidades Autónomas, hurtando de esta del debate territorial la decisión sobre una profunda reestructuración del sector financiero.
“En Aragón hemos optado por un modelo de cajas gestionado por profesionales con criterios de eficiencia, sin intervencionismo político, a diferencia de otras regiones”, recuerda el presidente de la Comisión de Fomento del PAR. “Esto queda patente en la gran fortaleza con las cajas aragonesas están demostrando a la hora de capear la crisis financiera mundial”, señala el PAR.
“Ibercaja y CAI son patrimonio de los aragoneses, de nuestra identidad y de nuestra historia, y son una base fundamental de nuestra economía, tanto por activos como por plantilla”, recuerda el PAR. La Sectorial de Fomento denuncia que “los dos mayores partidos de ámbito nacional, PSOE y PP, quieren hacer una Ley de café para todos sin valorar la necesidad de mantener unas entidades como éstas, necesarias para dar garantía al crédito a sectores como la pequeña empresa y el pequeño comercio, los autónomos o el crédito al consumo, imprescindible para la dinamización de la economía aragonesa y por tanto la creación de empleo y riqueza”. Las Cajas de Ahorro han dado servicio en todo el territorio, dando servicio a zonas de Aragón donde los bancos nunca lo harían siguiendo principios puramente de beneficio. Según el proyecto de Ley, se permitirá a las Cajas acudir al mercado en busca de capital.
Esta Sectorial del Partido Aragonés quiere recordar que la Ley afectaría a 39 de las 45 Cajas de Ahorro, y que algunas estimaciones externas prevén ya el cierre de entre el 20 y el 25% de las oficinas, lo que se traduce en la pérdida del 15% de empleo en el sector.
El PAR ha defendido siempre y defenderá la no intervención en la gestión de las Cajas de Ahorro, por ello respeta la decisión de fusión que tome cualquier entidad financiera, siempre y cuando esta haya sido tomada de forma independiente, con criterios de eficiencia y por el bien de la entidad. Pero estará en contra y apoyará a cualquier entidad y sus asociaciones de trabajadores, si esta decisión se toma por presiones desde el Ministerio de Economía del Gobierno Central o del Banco de España por una decisión política y la elección de un sistema de concentración bancario.
La falta de regulación de los SIP hace que las Cajas sean vulnerables a cualquier proceso de bancarización y por lo tanto compradas bien por un banco o bien por capital especulativo extranjero, poniendo en peligro puestos de trabajo, la obra social y el crédito a las clases menos favorecidas.
