El PAR considera irrenunciable el logro de una financiación justa por parte del Estado, porque hasta ahora Aragón ha recibido muchas más responsabilidades que dinero y, en general, no se ha atendido el coste añadido al que se ve obligado por su extenso territorio, sus desequilibrios poblacionales y el envejecimiento demográfico. Nos comprometemos a exigir, en el marco del Estatuto y de la legislación o normativa estatal, la deuda histórica que el Estado tiene en nuestra Comunidad y, con vistas al futuro, un acuerdo financiero justo en el marco del convenio bilateral y de los derechos históricos que recoge el Estatuto.

El sistema hacendístico originario de Aragón, basado en una imposición universal propia, que atendía las necesidades del territorio, y sufragaba a la Corona Española con donativos de carácter voluntario establecidos a través de acuerdos de las Cortes de Aragón, es el principal derecho histórico a restablecer, por el camino de la Disposición Adicional Primera de la Constitución. Este restablecimiento exige que las relaciones tributarias entre el Estado y Aragón vengan reguladas mediante una fórmula foral de concertación de impuestos, reservando a la institución o instituciones aragonesas, que señale en el futuro el Estatuto, no solo competencias normativas y administrativas respecto de los impuestos a concertar, sino también su gestión y recaudación.

La fórmula de concertación de impuestos se aplicará de acuerdo con el principio de solidaridad al que se refiere la Constitución.

 A ese respecto,

18. Aspiramos a la autonomía plena, porque asegura una mejor calidad de vida para los aragoneses. Para ello, trabajaremos para desarrollar el Estatuto de Autonomía y la Constitución al máximo de lo posible, además de explorar caminos que permitan disponer a Aragón de mayor capacidad de decisión.

19. Reivindicamos el carácter de comunidad foral para Aragón en el marco de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía actualmente vigente y la Disposición Adicional Primera de la Constitución, por lo que aspiramos a un concierto económico con el Estado y, en su defecto, a que se cumpla el convenio bilateral fijado en el Estatuto.

20. Nunca renunciaremos a una financiación justa para Aragón, que tenga en cuenta la deuda histórica con esta tierra acumulada por los gobiernos centrales y el coste añadido a la gestión de algunas competencias por las peculiaridades territoriales.

21. El territorio, como parte esencial de Aragón, debe ser cuestión básica en la gestión de competencias y por tanto cualquier sistema de financiación y de reparto económico debe compensar al territorio y a la población adscrita al mismo. La comarcalización es la herramienta de equilibrio territorial. Aragón debe aspirar a mantener la sociedad rural en el territorio y la responsabilidad de sus habitantes en el desarrollo económico del mismo.

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2.1. Desarrollar el nuevo Estatuto.

En estas décadas de experiencia autonómica hemos comprobado la dificultad para disponer de un Estatuto de Autonomía igual al de las comunidades históricas. Sin embargo, también hemos aprendido que, a veces, un buen artículo del Estatuto no asegura que luego vaya a ser realidad. Cabe, incluso, que una reforma para ampliar el autogobierno se deje por el camino avances del Estatuto anterior.  La negativa de los Gobiernos Centrales a poner en marcha el convenio bilateral con el Estado, recogido en el Estatuto de 1996, y la supresión del derecho foral de casación, el artículo 29 del texto de 1982, demuestran que las reformas estatutarias encierran más de una trampa.

Reafirmamos el apoyo a la Propuesta de Estatuto aprobada por las Cortes de Aragón en 2006 y remitida a las Cortes Generales este mismo año. Estamos convencidos de que los aragoneses van a progresar con él y superar los retos que plantea la sociedad planetaria del siglo XXI.  En todo caso, el PAR considera imprescindible, primero, que ese texto no rebaje su autonomismo durante el trámite en las Cortes Generales y, después, que se desarrolle de forma rápida y eficaz para que pueda ser útil a los aragoneses. Nuestro partido denunciará  y hará frente a cualquier intento de descafeinar  el Estatuto o de no ponerlo en práctica, al mismo tiempo que, desde las instituciones aragonesas, impulsará cuantas acciones sean necesarias para que se aprovechen todas las virtualidades de este Estatuto.

Por tanto,

22. Damos absoluta prioridad a la aprobación y desarrollo del Estatuto de Autonomía propuesto por las Cortes de Aragón.

23. Trabajaremos para que la Propuesta de Reforma de Estatuto remitida al Congreso no sea modificada a la baja durante su trámite parlamentario, porque estamos seguros de su constitucionalidad y tiene el apoyo de casi el 90 % de las Cortes de Aragón.

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2.2.  Por el desarrollo de las conclusiones del Dictamen sobre autogobierno de 2003

Las Cortes de Aragón aprobaron en 2003 por unanimidad el Dictamen sobre el autogobierno, bastantes de cuyas conclusiones han sido incorporadas ya a la Propuesta de Reforma del Estatuto y otras están pendientes de aplicarse o desarrollarse.  El PAR hace suyas las líneas dibujadas para aumentar el autogobierno aragonés, más allá de la reforma del Estatuto: la ampliación de las competencias mediante el artículo 150.1. y 150.2 de la Constitución, la aplicación de esta de forma flexible y acorde con la estructura autonomista del Estado,  una actitud no restrictiva por parte del Gobierno Central y de las Cortes Generales y la institucionalización de las regiones en el marco de las Instituciones europeas.

Consideramos positivo asumir competencias por delegación para extender la autonomía a materias de las que no puede transferirse el titulo mediante la reforma del Estatuto, así como para gestionar competencias transferidas por esta vía a otras Comunidades u otras que interesen a la Comunidad por su singularidad.  Igualmente, apostamos por trasladar la estructura autonómica del Estado a organismos y poderes básicos (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado) y por facultar a las autonomías para su “libre organización territorial”.  Por último,  exigimos acabar con los abusos de la capacidad legislativa a nivel estatal y la participación de las CCAA en tomas de decisión de la Unión Europea o del Estado que les conciernen.

En  consecuencia,

24. Hacemos nuestro el Dictamen sobre el autogobierno aprobado en las Cortes de Aragón por unanimidad en 2003, sobre todo por las posibilidades de aumentar la autonomía de Aragón que recoge, más allá de la Reforma del Estatuto.

25. Creemos en la negociación con la Administración Central como forma de mejorar el autogobierno mediante acuerdos bilaterales, pero rechazamos que se desee cercenar aquel mediante leyes o decisiones unilaterales de los gobiernos centrales.

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2.3.  La autonomía cuestión de dignidad, pero también de utilidad.

En las movilizaciones autonomistas de los años 90 se hizo famosa la frase “no queremos ser más ni menos que las autonomías históricas”, lo que prueba hasta qué punto los aragoneses hemos reivindicado más autogobierno o nos hemos opuesto a los trasvases por una cuestión de dignidad colectiva. En ese sentimiento se incluyen las constantes referencias a la historia, la cultura, la identidad o al principio constitucional de no discriminación entre territorios del Estado.  Paradójicamente, en los últimos barómetros del Gobierno de Aragón, los encuestados creían que una mayor autonomía aumentaba las posibilidades de desarrollo económico, aunque pensaban que en Aragón no se habían aprovechado las oportunidades de la autonomía para impulsar la economía regional.

Con la convicción de que la autonomía plena equivale, por encima de todo, a mayor calidad de vida y a mejores oportunidades para los aragoneses, el PAR entiende el autogobierno como un instrumento decisivo para el progreso de Aragón y,  por tanto,  sin menoscabo al valor de nuestra historia o cultura, trabajará para que la autonomía sea útil a los aragoneses.   Esa decisión implica acercarse, de forma continua, a las expectativas y preocupaciones sociales, pero también asumir, en el marco de la gobernanza, que los protagonistas de la autonomía son los aragoneses,  antes incluso que las propias instituciones.

A ese respecto,

26.  Queremos poner el autogobierno al servicio del progreso colectivo, por tanto de las preocupaciones y expectativas sociales, de forma que sea útil a los aragoneses.

27. Fundamentamos nuestra reivindicación de autonomía plena en la propia identidad aragonesa, conformada ésta por la historia de Aragón, su derecho, el carácter marcadamente foral, sus instituciones históricas y sus elementos diferenciales, si bien los destinatarios directos de los beneficios del autogobierno y por lo tanto de nuestra acción política en este sentido, son los ciudadanos aragoneses.

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2. 4. Para que la identidad nos haga fuertes

En los nuevos paradigmas del desarrollo la identidad colectiva explica cómo conviven y compiten los territorios en la globalización. La forma en que una sociedad interioriza su pasado y su presente puede traducirse en individualismo  o autoestima colectiva, en apego a la tradición y aversión a los cambios o en actitud creativa e innovadora, en desconfianza y rechazo hacia los otros o en tolerancia y  apertura a otras culturas y sociedades.  Y todo ello se traduce en capacidad de movilización y energía social o en inmovilismo y desmovilización social, en ser una comunidad unida por lazos emocional-simbólicos e intereses comunes o una sociedad tramada por relaciones interpersonales e intereses económico-sociales.

Igual que durante toda su trayectoria, el PAR trabajará para que la identidad colectiva sea una fortaleza de Aragón a la hora convivir y competir. Aspiramos a que los aragoneses se sepan una sociedad orgullosa de su pasado y su presente pero receptiva con quienes deseen incorporarse a ella desde el respeto a la ley y tolerante con las diferencias, amante de su tradición,  cultura y costumbres al tiempo que abierta al mundo y propicia a la innovación. Nos sentimos eslabón de la cadena que es la historia de Aragón, aunque entendemos que la identidad se rehace cada día desde la vida diaria de los hombres y mujeres de Aragón.

Por tanto,

28.    Queremos que la identidad de los aragoneses haga fuerte a la Comunidad, por lo que trabajaremos para reforzar los vínculos e intereses comunes que compartimos como comunidad y hacer de ellos una energía social que genere progreso colectivo.

29.  La identidad aragonesa se ha forjado a lo largo de un devenir histórico protagonizado por los aragoneses. Cristalizó a través de la propia historia, de su derecho y costumbres jurídicas, de sus relaciones sociales, de su cultura, de su lengua y modalidades lingüísticas, y de sus hábitos sociales construidos día a día por los mismos. Por dicha razón, esa “identidad aragonesa” sigue desarrollándose hoy por nuestros ciudadanos. Y por eso, ser “nacionalidad histórica” es la expresión que refleja la fuerza de nuestro pasado, al mismo tiempo que la determinación firme de que seguimos siéndolo y nuestra voluntad de continuar en el futuro con esta concepción.

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 2.5. Reivindicar no excluye negociar

Desde su creación el PAR ha hecho de la reivindicación una de sus actitudes políticas más distintivas, porque ha considerado que en estos años Aragón no ha sido tratado justamente por el Estado y por los diferentes gobiernos centrales.  Esta exigencia, comprometida y permanente, ha sido completada con una apuesta por gobernar las instituciones y, por tanto, por servir a los aragoneses gestionando sus problemas diarios, sus preocupaciones y expectativas.

Somos un partido de centro y aragonesista. No nos resignamos ante la discriminación o la desigualdad en perjuicio de Aragón ni aceptamos que los intereses de los aragoneses deban supeditarse a las conveniencias de la rentabilidad electoral o la voluntad de las ejecutivas de los partidos de ámbito estatal.  Tampoco creemos en dogmatismos ni en las posiciones rígidas de quienes se sienten en posición de la verdad: creemos en el diálogo y en la búsqueda de espacios compartidos con los otros partidos en beneficio de Aragón.

Por eso no renunciamos a la reivindicación, pero tampoco al pacto, al acuerdo entre quienes sostienen puntos de vista diferentes. Aragón necesita compromiso con los intereses generales en la reivindicación y en el pacto. El PAR asume ambos como signo distintivo de su forma de hacer política y de servir a los aragoneses.  Nunca aceptaremos que Aragón sea tratado de forma injusta o que se menosprecie a quienes representan o defienden los intereses de los aragoneses.  En concreto, reivindicamos la reserva estratégica de caudales para uso propio de Aragón, recogido en el Pacto del Agua de 1992, en el posterior Plan de la Cuenca del Ebro y más recientemente en la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada en las Cortes de Aragón.

Exigiremos que se mantenga  en el Estatuto de Autonomía esa reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos durante su trámite en las Cortes Generales, porque, además de que esa aspiración es constitucional, seguimos creyendo que el recurso debe aprovecharse allí donde se encuentra y, por tanto, nadie puede poner límites al desarrollo futuro de Aragón.  Por otro lado, aunque no lo impide de facto, esa reserva de caudales hace mucho más difícil cualquier trasvase futuro de aguas del Ebro a otras cuencas.  Para el PAR, esa reserva de caudales es justa y los partidos de ámbito estatal no pueden cercenarla en Madrid, después de haberla votado aquí.

En consecuencia,

30.  El PAR hará de la reivindicación y del pacto dos pautas básicas de su actividad política, siempre en beneficio de Aragón y los aragoneses; propiciaremos espacios de encuentro y diálogo con los demás partidos y supeditaremos todo acuerdo o decisión al beneficio de Aragón.

31.  Seremos beligerantes con toda discriminación o injusticia que sufra Aragón o los aragoneses. Exigiremos que se mantenga la reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos para uso propio de Aragón en el Estatuto de Autonomía y, posteriormente, que se cumpla.

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2.6.    Decidir desde aquí en beneficio de los aragoneses

Desde el origen del PAR dejamos claro nuestra aspiración a que los problemas de los aragoneses sean gestionados y resueltos desde las instituciones aragonesas. En el marco normativo vigente, los aragoneses queremos dejar de depender de resoluciones o determinaciones tomadas en otras sedes de decisión ajenas a las propias y/o que no tienen en cuenta los intereses de Aragón. Creemos firmemente en que la mayoría de los asuntos que preocupan a los aragoneses serán mejor gestionados, si la capacidad de decisión reside en las instituciones democráticas autonómicas, comarcales y municipales de Aragón.

Aragón ha progresado de forma evidente desde que comenzó la etapa autonómica. Basta mirar los índices de desarrollo, bienestar o riqueza de las diferentes comunidades autónomas españolas o regiones europeas y comparar su evolución durante estos años con los de Aragón.  Queda probado de esa forma que la proximidad en las decisiones, la capacidad de autogobierno, la autonomía en suma, ha mejorado la calidad de vida de los aragoneses.

Queremos que nadie decida por nosotros, o al margen de los aragoneses, sobre las cuestiones que nos afectan y preocupan. No estamos dispuestos a que un Gobierno Central hipoteque nuestro futuro con nuevas propuestas de trasvase del Ebro o a que la Unión Europea condene nuestro sector agrícola y ganadero sin que pueda mediar en esa decisión el Gobierno de Aragón. Nunca nos resignaremos a que se decida desde fuera lo que puede ser resuelto mejor y más justamente desde aquí.

A ese respecto,

32.  Aspiramos a que los asuntos que preocupan a los aragoneses o condicionan su futuro se decidan y gestionen desde aquí o, al menos, con la participación de las instituciones democráticas aragonesas, porque la proximidad favorece la justicia de las decisiones y la gestión eficaz de los problemas.

33.  Reafirmamos nuestra convicción de que la autonomía mejora la calidad de vida de los aragoneses y sus oportunidades de progreso o desarrollo, por eso la queremos plena, al máximo de lo que permite la Constitución.

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2.7. Que Aragón crezca en España

El modelo de estado vive momentos de profunda reestructuración, como consecuencia de la presión que recibe de las instituciones internacionales (preferentemente, Unión Europea) y de los sistemas políticos descentralizados o territorialmente complejos (España de las Comunidades Autónomas, preferentemente).  Su capacidad de influencia y acción se ha visto, también, modificada a la baja por tres de los rasgos que definen la actual globalización, la privatización, la desregulación de los mercados y la hegemonía de estos. Entre otros efectos, y como se acaba de comprobar en el proceso de reestructuración del mapa eléctrico en España, el Estado ha perdido gran parte de su capacidad para regular el desarrollo.

En ese contexto hay que situar el actual proceso de reformas estatutarias. En este sentido, el PAR apuesta por un enfoque de la realidad política española más afín a la realidad autonómica, donde el papel de todas y cada una de las Comunidades Autónomas goce de la misma consideración, lejos pues de una concepción  exclusivamente centralista propia de los diferentes gobiernos centrales y partidos estatales, o de una caduca  simplificación de dicha situación a un protagonismo exclusivo de determinadas Comunidades Autónomas.

En esa España que crece bajo nuevos parámetros políticos, económico y sociales, Aragón quiere dejar de ser un mero paso entre Barcelona y Madrid o entre el Mediterráneo y el Cantábrico para pasar a ser una sociedad avanzada donde las identidades conviven sin tensiones y la economía crece, junto a la población, al ritmo que se moderniza y teje conexiones con las redes estatales y globales de desarrollo.  Pero, sobre todo, aspiramos a ser factor de equilibrio político en el noreste de España, la zona más dinámica y avanzada, pero también la más compleja desde el punto de vista del Estado.

De hecho, Aragón articula ya una parte importante de los procesos económicos y sociales, como prueba su posición logística o el hecho de el 86 % del negocio informático español tiene su centro en Zaragoza. Se trata, pues, de trasladar a las relaciones políticas algo que es más habitual en los intercambios económicos: una cierta centralidad política de Aragón dentro del proyecto de España. Aragón puede contribuir de forma importante a la estabilidad institucional del Estado y al equilibrio entre comunidades que necesita el noreste de España. 

Queremos que España crezca en Aragón, decía Hipólito Gómez de las Roces en 1977, cuando se fundó el Partido Aragonés. Queremos que Aragón crezca en España, afirmó hace unos meses en el Forum Europa nuestro presidente, José Ángel Biel.  Además de que vive sus décadas de más prosperidad, España aparece como un proyecto tan común y compartido como diverso y plural. Desde esa perspectiva adquiere valor la mirada de territorios y pueblos que, como Aragón, fueron decisivos en la configuración de España como estado y de partidos territoriales, como el PAR, que pueden ayudar a articular zonas estratégicas del Estado. 

Baste citar los casos del Valle del Ebro y  de la comunicación con Francia por el Pirineo aragonés. El PAR siempre ha defendido la importancia de esas dos iniciativas para compensar la tendencia centrífuga de las autonomías vecinas o la dependencia que ahora mismo tiene España de los pasos por los dos extremos de la Cordillera.  Sin embargo,  tanto si han gobernado en Madrid el PP como el PSOE, esos dos proyectos han sido vistos con desconfianza. Nos parecen una apuesta segura si el Gobierno Central acepta los convenios entre autonomías o con poderes regionales de otro estado, lo que permite la Constitución si se interpreta de forma flexible.

La vida política española está mucho más polarizada que la propia sociedad, porque los dos principales partidos sacan abundante rentabilidad de ese bipartidismo. Sin embargo, la estabilidad institucional amenaza quiebra cuando esos dos partidos deciden jugarse electoralmente su futuro a partir de aspectos básicos para el proyecto de Estado, que todos debemos compartir. Este intento de hacer el Estado el uno contra el otro nos da a los partidos de índole o ámbito territorial y a las comunidades con capacidad para tender puentes, un protagonismo y una responsabilidad muy importantes. Así, el buen funcionamiento del Estado en muchas ocasiones puede depender de la posición de partidos como el PAR, capaces de moderar discursos y situaciones o de llegar a puntos de encuentro satisfactorios para resolver determinados asuntos, en clara contraposición con el actual proceso de bipolarización, desencuentro y crispación que protagonizan otros partidos.

A ese respecto,

34. España ha de asumir las transformaciones de la globalización, sobre todo respecto a su estructura autonómica y al papel de las comunidades autónomas: exigimos una lectura flexible de la Constitución y apostamos por un autogobierno aragonés fuerte en España, leal con el marco constitucional, que posibilite el pleno desarrollo comarcal así como su papel en la formación de otros entes territoriales de cooperación entre autonomías o con  poderes regionales de otro Estado.

35. Queremos que Aragón crezca en España, que adquiera en las relaciones institucionales y políticas o en los procesos de toma de decisión, mayor centralidad.

36. La polarización de la vida política española obliga al PAR, se esfuercen por tender puentes que faciliten el futuro. Apostamos por ese papel integrador y por que Aragón sea decisivo para articular el noreste de España.

37. El Gobierno Central ha de asumir que permeabilizar el Pirineo aragonés es un proyecto de Estado, no un empeño regional: disminuye la dependencia de los pasos por Cataluña y País Vasco y cambia los flujos económicos del eje Madrid/Lisboa.

38. España vive el momento más próspero de su historia, pero ese crecimiento no se distribuye de forma justa entre territorios: queremos que el Estado trate a Aragón con justicia y que salde la deuda histórica de inversiones que tiene con esta Comunidad.

39. Las organizaciones políticas del Estado deben asumir el interés de Aragón en participar en la toma de decisiones que afectan a nuestra comunidad. En consecuencia, debemos tener poder de representación política en aquellos órganos del Estado que incidan en estos órdenes. Reclamar sistemas de representación política territorial en sedes parlamentarias  del Estado y de la Unión Europea y gestionar las decisiones que afectan a nuestro territorio y nuestra sociedad.

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