1. Aunar lo público y lo privado
Al amparo del liberalismo y del marxismo, el estado
nación ha servido de coartada durante tres siglos para una visión del
bien común que identificaba éste con los gobiernos democráticos mientras
circunscribía los intereses privados a la sociedad, las empresas y el
mercado. Hoy no cabe mantener la dicotomía publico/privado, u
otras asociadas a aquélla (sociedad/estado): la realidad social se ha
hecho tan compleja, sus partes están tan relacionadas que esa separación
no se mantiene;
hasta se hace obligado repensar la relación de lo público y lo
privado con el bien común o las formas de gestionar éste.
Como conceptos que son, los principios operan
aplicados a realidades concretas y las sociedades de la globalización se
parecen poco a las de hace sólo unas décadas. De ahí que la definición
del bien común (no se lo puede reservar un gobierno) y la relación de lo
público con lo privado (voluntariado social...) deban ajustarse a las
nuevas realidades sociales (la dependencia, servicio publico;
cooperación de instituciones públicas y sociedad,...) y a las
peculiaridades de cada comunidad (en un pequeño municipio, un
comercio o un oficio puede ser un bien público tanto como un negocio).
Que busquen el beneficio no niega el carácter social
de las empresas, ni su contribución al desarrollo colectivo y al bien
común. Lo privado no es la negación de lo publico: más bien, son
complementarios porque forman parte de un proyecto que debe ser
compartido, el de asegurar el bienestar colectivo y la continuidad de la
sociedad[2]. Con esa convicción identificamos el bien común con los
intereses generales de los aragoneses y apostamos por sumar lo
público y lo privado, manteniendo la identidad y características de
ambos, y por tanto buscar la cooperación de quienes gestionen ambos, en
beneficio de la comunidad.
A ese respecto,
1. Para el PAR, lo primero, como objetivo
prioritario, es el interés general de todos los aragoneses, el bien
común. Pero a este no contribuyen sólo 1as instituciones publicas,
sino que queda en manos también de la sociedad. Por eso, apostamos
por que ambas cooperen en beneficio de la Comunidad.
2. Además de los valores y principios de las
sociedades democráticas en los que se apoya el bien común, creemos
que ese interés colectivo debe adaptarse también a las nuevas
realidades sociales del siglo XXI y a la específica de Aragón.
3. A diferencia de otros partidos políticos, que
sólo creen en la eficiencia del mercado o de aquéllos que lo
consideran un enemigo del interés general, nos negamos a contraponer
intereses privados y públicos, porque en muchos casos ambos son
complementarios para la consecución de un mismo fin. Por eso,
resolviendo las contradicciones y las posibles perversiones,
apostamos por potenciar esas mutuas relaciones en beneficio del bien
común.
 Índice
1.1. Nuevas formas de gobernar y decidir
En la globalización, igual que el estado ha debido
renunciar a gran parte de su capacidad para la regulación económica, el
Poder público regional no puede pensar en liderar el
desarrollo social o en suplantar a la iniciativa privada. Incluso
definir el marco del desarrollo de la comunidad (carta de región o plan
estratégico) ha de ser compartida con la sociedad civil. Y esta, a
través de las empresas, organizaciones o instituciones sociales, ha de
impulsar la economía y la vida social, realizando combinaciones
transversales, como son administración pública y empresas privadas,
empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, y administración
pública y organizaciones sin ánimo de lucro, dando como fruto la
oportunidad de construir nuevas relaciones y esfuerzos de apoyo mutuo.
Para el PAR, no se trata de reducir el Poder público a lo imprescindible
(administración, servicios públicos, ...) o negarle capacidad de acción,
sino de darle legitimidad social y, por tanto, fuerza.
Urge incorporar nuevas formas de gestionar y decidir
sobre los asuntos colectivos y que, a nivel regional, es más fácil
introducir esa nueva gobernanza
.
Apostamos, en concreto, por dar mayor participación a los actores
sociales en las tomas de decisión, por convertir en habitual el acuerdo
social e institucional en cuestiones de interés colectivo, por potenciar
la cooperación entre los propios actores sociales en beneficio de la
Comunidad y los procesos de decisión de abajo a arriba. Para el PAR, la
estructura autonómica del Estado, favorece la normalización de
estos procesos en la medida que acerca el poder público a la
sociedad.
Por tanto,
4. Aragón requiere nuevas formas de gestionar y
decidir sobre los asuntos colectivos, en las que la sociedad
participe de forma activa e, incluso, sea protagonista. Creemos que
el autogobierno favorece la normalización de estos procesos de nueva
gobernanza regional.
5. Fomentaremos la cooperación de los sectores
público y privado siempre que beneficie al interés general e, incluso,
exploraremos nuevas formas de colaboración, porque importa mucho más lo
que se hace por el bien común que quién lo hace.
Índice
1.2. La calidad institucional y social
Desde esa concepción de lo público y privado como un
todo colectivo, queda en manos de las instituciones y de la sociedad
asegurar la calidad democrática v económica de la Comunidad. Ésta
tiene mucho que ver sin duda con la legitimidad social de los
principales actores sociales, sean públicos o privados, con el clima
social de respetabilidad y honestidad, con el grado equidad logrado, con
los valores morales y éticos implantados, con el valor dado a la
innovación social y a la construcción de redes sociales de cooperación,
con la definición acordada socialmente de estrategias regionales, es
decir con la fortaleza y credibilidad de las instituciones y de la
sociedad civil.
La calidad institucional y social de una Comunidad
favorece el desarrollo colectivo y la cohesión interna de la sociedad,
por lo que constituye un objetivo irrenunciable para el PAR. Por esa
misma razón, rechazamos cualquier tipo de perversión democrática
a (transfuguismo político, alteración de la voluntad popular,...) o de
corrupción institucional y social (urbanismo, finanzas...), al
tiempo que creemos que el Estado de derecho tiene mecanismos suficientes
para dar respuesta eficaz a esos problemas. A su vez, nos comprometemos
a respetar cualquier tipo de resolución judicial
relacionada con las instituciones o en la vida orgánica de los partidos
aragoneses y a actuar en consecuencia.
A ese respecto,
1. Trabajaremos para asegurar la calidad
democrática y social de Aragón como una condición imprescindible
para el progreso, la cohesión interna y la buena convivencia
ciudadana.
2. Con ese objetivo, impulsaremos un clima
social de transparencia y ética, además de afrontar toda perversión
o corrupción en el marco del Estado de derecho.
3. Velaremos por el correcto funcionamiento de
las instituciones y empresas públicas garantizando su transparencia
y asegurando la correcta gestión de los recursos públicos puestos a
disposición de éstas.
Índice
1.3. Un proyecto de comunidad compartido
La globalización liberal refuerza la posición del
sector privado respecto a los poderes públicos, en la medida que
aquellos poseen los recursos necesarios para invertir y dominan los
mercados, mientras que estos pierden capacidad de regulación económica o
social y hasta de gestión sobre algunos asuntos de interés público. El
uso de instrumentos y organizaciones privadas con fines públicos y el
crecimiento de las asociaciones público privadas forman parte de esa
lógica, que, por otro lado, se ha revelado capaz de movilizar los
recursos sociales a favor del desarrollo colectivo y de amarrar el
capital propio a las ciudades y regiones.
De hecho, abundan los ejemplos donde lo público y lo
privado han cooperado para la renovación urbana, el desarrollo de
infraestructuras o la actividad económica de tal forma que el poder
público apenas habría podido igualar esos logros en solitario. Evitando
que se rompa el equilibrio de poder en beneficio de los intereses
privados o que se pierda la transparencia y la responsabilidad social en
esas actuaciones, apostamos por hacer de los intereses colectivos de
Aragón un proyecto compartido entre instituciones públicas y sociedad.
Por tanto, consideramos prioritario gestionar los asuntos públicos
mediante el acuerdo o la cooperación socio-institucional, dando
protagonismo relevante a los actores sociales y huyendo de cualquier
dirigismo o prepotencia de las instituciones públicas.
En consecuencia,
9. Queremos movilizar y gestionar con eficacia
los recursos públicos y privados en favor del desarrollo colectivo,
de los intereses generales de los aragoneses, para lo que proponemos
gestionar los asuntos públicos mediante el acuerdo y/o la
cooperación de las instituciones y la sociedad, sin dirigismo ni
prepotencia.
10. Las instituciones públicas no pueden
renunciar a sus responsabilidades ni al liderazgo que les
corresponde en defensa y promoción de lo público, pero trabajaremos
también para articular una sociedad civil y una economía privada
fuerte, porque de esa forma también hacemos Aragón.
Índice
1.4. Una Estrategia regional de desarrollo
Los poderes públicos regionales y locales han
demostrado capacidad para movilizar a fuerzas sociales muy amplias y de
comprometerlas con los objetivos colectivos. Con frecuencia, a ese nivel
territorial, las políticas de clase quedan desplazadas a favor del
interés colectivo, como ha sucedido aquí con la movilización contra
el Trasvase del Ebro, la reapertura del Canfranc o la competencia por el
Meriva en General Motors. Aunque esa tendencia no está exenta de
tensiones -en especial, ligadas al grado de desigualdad social que
se puede generar y a que el desarrollo a conseguir no sea sostenible-,
apostamos por acordar un Proyecto Regional de Desarrollo y una
Estrategia Regional de Innovación, que, además de servir de
horizonte colectivo, sean asumidos por los actores sociales.
El proyecto Regional de Desarrollo tendrá un
planteamiento integral y recogerá estrategias concretas a implementar en
tres ámbitos de actuación. El primero, la Ordenación Territorial y las
Infraestructuras (vivienda, equipamientos, energía, comunicaciones
viarias, telecomunicaciones, depuración...). El segundo, las Actividades
Económicas con especial hincapié en el apoyo al desarrollo endógeno
fomentando las iniciativas empresariales. Y el tercero, el Medio Natural
favoreciendo el adecuado aprovechamiento de nuestros recursos naturales
de forma respetuosa y compatible con su preservación.
En cuanto a la Estrategia Regional de Innovación,
comprenderá las actuaciones a desarrollar en materias como la
investigación científica, la transferencia de tecnología, la formación
de los Recursos Humanos, planes de fomento de I+D+I en las empresas, o
el impulso de la Sociedad de Información. A tal fin, Aragón deberá crear
el marco de innovación y desarrollo que necesita su economía e impulsar
el binomio público-privado que invierta en políticas de I+D+i y nos
permita crecer de forma sostenible y, por tanto, deberá asumir el
objetivo de la Unión Europea incrementando sus inversiones en I+D+i,
para alcanzar el año 2013 el 2,6% de su producto interior bruto.
Este tipo de acuerdos favorecerá en Aragón un tipo
de gobernanza asociativa que ayudará a que la Comunidad progrese.
Con esa misma lógica y objetivo, daremos también prioridad a la creación
de clusters, o conjunto de empresas próximas que desarrollan de
forma interdependiente actividades relacionadas, y de distritos
industriales, o tejido de agentes sociales e instituciones capaz de
poner en valor los recursos específicos de un territorio, porque con
ellos Aragón podrá competir mejor en los mercados globales y, además, se
favorece la cooperación entre muchas pequeñas empresas que genera
economías de aglomeración y la cultura del acuerdo
socio-institucional.
A ese respecto,
11. Impulsaremos un Proyecto Regional de
Desarrollo y una Estrategia Regional de Innovación durante los
próximos años, dando prioridad en ambos al desarrollo endógeno, la
sociedad del conocimiento, la tecnología y los servicios a las
empresas o financieros, de acuerdo con las directrices generales de
las políticas europeas.
12. Promoveremos que la Comisión Europea atienda a
los criterios de envejecimiento y despoblación en la distribución de
fondos europeos y reclamaremos del Estado español cantidades
compensatorias en las ayudas para la I+D+i.
13. Propugnamos la gobernanza asociativa y consecuentemente, como
expresión de ésta, apostamos por apoyar y fomentar el asociacionismo
empresarial tanto sectorialmente como en el ámbito territorial.
Además, apostamos por la organización de la economía
en clusters
y en distritos industriales dentro de una cultura social de innovación,
para producir a la vez economías de urbanización y de aglomeración[ión[.
Índice
1.5. La gestión de los servicios públicos
En el pensamiento de la Francia liberal previo a la
Revolución francesa, continuado en la segunda mitad del siglo XIX por la
Tercera República, se gestaron los servicios públicos dirigidos al
ciudadano: seguridad, justicia, educación, transportes y
comunicaciones. La gran crisis de 1929 y la ideología social y económica
posterior a la segunda guerra mundial evidenciaron la necesidad de
replantear la presencia de los poderes públicos en la sociedad. Se acuña
la expresión 'Estado social de derecho' que ha pasado a varias
constituciones y entre ellas a la española vigente. El Estado Social de
Derecho incorporó los servicios de carácter social: empleo,
seguridad social, vivienda o servicios sociales. Pero, si el bien común
obliga a garantizar la prestación de estos servicios públicos,
asegurando el acceso universal y en igualdad de condiciones,
así como la calidad y eficiencia del sistema, eso no implica que
las instituciones públicas deban asumir aquella de forma directa y en
solitario.
A partir de 1970, el liberalismo impuso un nuevo
concepto de servicio público y la desregulación de sectores o
actividades, como forma de asegurar una prestación eficaz. Tras el paso
del modelo francés al norteamericano, la titularidad de estos servicios
ha de ser pública, pero la gestión puede ser privada y de mercado o, en
otras palabras, si la libre competencia rige la economía, han de
excluirse los privilegios, sean monopolios o posiciones dominantes,
incluso si favorecen al sector público. Una sociedad dinámica no puede
permitirse que lo público se convierta en sinónimo de ineficaz. Los
servicios públicos necesitan un cambio profundo orientado
preferentemente a mejorar su eficiencia sin alterar su elemento
principal de justicia social, de equidad en su prestación.
Esta nueva concepción de lo público nos lleva a
separar las funciones y responsabilidades de financiación y
aseguramiento de las de provisión o prestación de servicios. La idea
básica sobre la que se asienta este principio es que lo que hace
público un servicio no es quien lo presta sino quien lo paga, y cuando
se financia a través de fondos públicos el servicio es público aunque su
gestión e incluso su titularidad sea privada.
Este concepto no es algo nuevo, son muchos los
ejemplos que podemos utilizar en la práctica diaria. ¿Acaso alguien duda
que es un servicio público la enseñanza que se da en un colegio
concertado, o las intervenciones quirúrgicas derivadas a la sanidad
privada por problemas de listas de espera en los hospitales públicos, o
las plazas en residencias asistidas financiadas por los Servicios
Sociales?
Se trata de asumir que el hecho de que se establezca
un servicio público no implica que su prestación haya de ser
forzosamente pública. Es bien cierto que fijar cuanto se ha de producir
y a quién se ha de distribuir ha de ser una decisión de los poderes
públicos, pero quién ha de efectuar esta producción es un proceso
técnico y organizativo que debe estar a cargo de los agentes del sector
público y/o privado que sean más eficientes, pues no debemos olvidar que
la Administración debe velar por el uso adecuado de los recursos que los
contribuyentes ponen en sus manos, y por tanto, es su responsabilidad
comprar para ellos los mejores servicios al menor precio.
La acusación de privatización de este modelo que
tanto se ha cacareado carece de sentido. No se pone en tela de juicio el
principio de mantener un sector público fuerte. Lo que ocurre es que
este principio admite formas organizativas y de gestión diferentes a las
que antiguamente se aceptaban. Hay que superar las viejos conceptos en
donde lo público y lo privado eran excluyentes, y asumir la nueva
situación en la que ambos actúan complementariamente en la prestación de
servicios públicos.
Ahora bien, se puede delegar la tarea nunca la
responsabilidad, es decir, la Administración puede dejar en manos
privadas la prestación de servicios públicos si estos lo hacen de manera
mas eficiente, pero la responsabilidad de que se proporcionen en las
debidas condiciones debe ser tutelado por los poderes públicos, de
manera que la potestad legislativa, reglamentaria además de la de
supervisión, control e inspección de las prestaciones de servicios
públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales..) pueden y
deben mantenerse en la Administración.
Corresponde, por tanto, a cada sociedad determinar
las condiciones de esta prestación, a la que se han de obligar los
gestores, sean entes públicos, empresas privadas con afán de lucro o
entidades sociales no lucrativas encuadradas en el denominado Tercer
Sector que desarrollan actuaciones con fines de interés público con
criterios de gestión privada."
En consecuencia,
1. Diferenciamos servicio público y gestión
pública, porque una cosa son las necesidades de los aragoneses que
deben atenderse en condiciones de calidad, universalidad, igualdad,
eficiencia y gratuidad (si es posible) y otra, la forma de asegurar
su prestación.
2. Propugnamos que el sector privado –tanto
lucrativo como el correspondiente a no lucrativo o Tercer Sector-
preste servicios públicos, favoreciendo así la gestión compartida de
fondos públicos por parte de las empresas y organizaciones y las
propias administraciones, para lo que exploraremos las formas
posibles que más se adaptan a la realidad aragonesa (educación,
sanidad, servicios sociales, ...), garantizando la dignidad,
eficacia y continuidad del sistema,
reclamando cuando sea necesario los fondos al Gobierno Central o
articulando sistemas tecnológicos adecuados.
3. Garantizaremos y vigilaremos que el sector
privado que preste servicios públicos siga las directrices fijadas por
la Administración, para la realización de éstos y así se cumplan los
fines para los que fueron creados.
Índice
Los nuevos servicios públicos
En mayo de 2001, el Congreso aprobó por unanimidad
declarar servicio público el acceso a Internet. Recientemente ha
catalogado como tal la atención a las personas dependientes. Se
demuestra así que el concepto de servicio público ha de ser
dinámico y, en lo posible, ajustarse a la realidad de cada
sociedad. El acceso a Internet quizá no deba ser servicio público en
Estados Unidos, pero parece lógico que lo sea en España y Aragón. Aunque
haya unas necesidades comunes a las sociedades avanzadas (derechos
ciudadanos y sociales), cada comunidad tiene unas necesidades básicas
asociadas al bien común que deben ser atendidas por sus poderes
públicos, si estos quieren legitimarse ante sus ciudadanos.
Por eso, el debate sobre los servicios públicos
no puede reducirse a su gestión pública, a las
privatizaciones o qué tipo de sistema mixto se configura. Está tan
ligado al concepto de bien común que acuerda una sociedad o a las
prioridades que ésta fija como comunidad, que el Poder público ha de
empezar por definir, mediante acuerdo social, los servicios
públicos que resultan básicos para sus ciudadanos
y decidir, después, los niveles de prestación que está en condiciones
de asumir y mantener en el tiempo. El PAR apuesta por repensar los
servicios públicos a partir de los bienes que los aragoneses consideran
esenciales para su vida y bienestar, así como de su derecho a una
adecuada prestación.
A ese respecto,
17. Los servicios públicos han de adecuarse a
los cambios que experimenta el bien común de una sociedad, por lo
que entendemos como tales los bienes que los aragoneses consideren
esenciales para su vida y bienestar. En concreto, y a modo de
ejemplo, el PAR, desde la sensibilidad manifestada reiteradamente
por la ciudadanía aragonesa, prestará especial atención a los
servicios relacionados con el agua: su gestión y su calidad.
18. Sin alterar la cobertura de los derechos ya
regulados a nivel estatal, apostamos por repensar los servicios
públicos en Aragón para que atiendan nuestras especificidades
sociales y territoriales, en especial en las zonas rurales, siempre
que sean asumibles a nivel regional, provincial, comarcal o local.
Índice
1.7. Patrimonio histórico artístico
En las sociedades complejas, resulta difícil dar
sentido práctico al concepto del bien común,
sobre todo porque la pluralidad social, y sus respectivos intereses
particulares, imposibilitan en la práctica integrar todos ellos hasta
convertirlos en un teórico interés general. Aún así, un partido no puede
renunciar a fijar esos objetivos comunes en diálogo con la sociedad
y, menos aún, a incluir en ese supuesto bien común valores como la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la equidad social o
la sostenibilidad social, que se deriva de ambas. Una sociedad
necesita tender hacia la equidad o, en todo caso, procurar reducir en
lo posible las desigualdades, por el riesgo que estas suponen para
la cohesión social y, por tanto, para la estabilidad y continuidad de la
sociedad.
El 15 % de los aragoneses viven con menos de 480
euros al mes, y la mitad de ellos lo hacen en situación de pobreza
severa o grave, lo que contrasta con el ritmo de crecimiento económico
que vive Aragón en los últimos años y con el hecho de que el 52,9 de los
aragoneses tienen ingresos mensuales superiores a la media de 800 euros
por ciudadano. Nos negamos a que la ley del mercado se convierta en un
territorio autónomo sobre el que las instituciones no actúan, porque
consideramos tan básico evitar la polarización v la exclusión social
como articular un modelo económico aragonés con nuevos servicios
financieros para capitalizar las empresas en Aragón, en especial las
empresas familiares, que compiten en la globalización.
Por tanto,
19. Queremos una sociedad sin desigualdades,
donde no haya lugar a la polarización y la exclusión social porque
el crecimiento se distribuye de forma justa: para ello, promoveremos
la creación y el mantenimiento de empresas de integración social e
impulsaremos un Pacto aragonés de Solidaridad, abierto a las
instituciones públicas y actores sociales.
20. Apostamos por un crecimiento económico
acorde con la realidad social y territorial de nuestra Comunidad
como camino para mejorar la calidad de vida de los aragoneses,
porque sin ese impulso se hace imposible cualquier redistribución
del bienestar.
Índice
2. Nuestro compromiso con Aragón y los aragoneses
Somos y nos sentimos parte de la sociedad aragonesa,
conocemos su voluntad, aspiramos a canalizar sus expectativas y, en
definitiva, a tener su confianza. Nuestra acción política partirá de la
referencia que ella constituye para nosotros. Por ese compromiso con
Aragón y los aragoneses,
21. Mantendremos el principio de que Aragón es
nuestro partido, la prioridad de nuestra acción política, y por
tanto exigiremos aquello que consideremos justo en beneficio de los
intereses colectivos.
22. Ajustaremos y adaptaremos nuestra gestión en
todas las instituciones al principio de gobernanza, facilitando la
participación social en la toma de decisiones y propiciando el
acuerdo socio institucional si es posible, ajustándonos en su
ejecución exactamente a lo que se acordó, con total respeto a los
términos del acuerdo.
23. Someteremos nuestra acción política a los
principios de honestidad personal y equidad social, de forma que
exprese nuestra voluntad de servir al bien común y merezca la
credibilidad y la confianza social.
24. Rechazamos cualquier forma de perversión
democrática o de corrupción social y política, por lo que, en el
marco del Estado de derecho, tendremos tolerancia cero con cualquier
conducta de ese tipo que pueda darse en la vida política o en la
sociedad.
25. Aspiramos a que los aragoneses, sin olvidar
a los que residen en el exterior, se sientan comunidad y por ello
trabajaremos para reforzar los vínculos colectivos, defendiendo
nuestra cultura propia y el sentimiento de pertenencia, además de la
solidaridad y la equidad que exige una sociedad cohesionada.
26. Ponemos nuestro proyecto político al
servicio de las oportunidades de los aragoneses con el objetivo de
favorecer las condiciones necesarias para su desarrollo personal en
Aragón y para el progreso colectivo.
27. Reafirmamos nuestra voluntad integradora,
favorecedora de la mediación y el acuerdo entre posiciones
divergentes, como forma de contribuir a la estabilidad de las
instituciones y de la sociedad.
28. Favoreceremos el protagonismo de la sociedad, de
sus principales entidades y asociaciones, en el debate y resolución
de los asuntos públicos, porque creemos que el bien común sólo se
articula en el encuentro de lo público y lo privado.
29. Potenciaremos la participación ciudadana
efectiva a través de las nuevas herramientas de la Sociedad del
Conocimiento y de la eGobernanza.
30. Contribuiremos a reforzar el prestigio y la
legitimidad social de las instituciones públicas, porque representan
a rodos los ciudadanos y de esa forma facilitamos su buen
funcionamiento y eficacia al servicio de la Comunidad.
31. En el marco del Estado de derecho,
trabajaremos para que se sientan aragoneses todas las personas que
hayan decidido vivir en Aragón y para que todos, sin exclusión,
estén orgullosos de ser aragoneses y formar parte de esta Comunidad.
32. Potenciaremos los intercambios sociales y
culturales con otra comunidades del Estado, con el objetivo de la
consecución del reconocimiento de nuestras peculiaridades y hechos
diferenciales como aragoneses.
Índice
1.7. Asegurar la calidad de vida y la equidad.
En las sociedades complejas, resulta
difícil dar sentido práctico al concepto del bien común,
sobre todo porque la pluralidad social, y sus respectivos intereses
particulares, imposibilitan en la práctica integrar todos ellos
hasta convertirlos en un teórico interés general. Aún así, un
partido no puede renunciar a fijar esos objetivos comunes en
diálogo con la sociedad y, menos aún, a incluir en ese supuesto
bien común valores como la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos y la equidad social o la sostenibilidad social,
que se deriva de ambas. Una sociedad necesita tender hacia la
equidad o, en todo caso, procurar reducir en lo posible las
desigualdades, por el riesgo que estas suponen para la cohesión
social y, por tanto, para la estabilidad y continuidad de la
sociedad.
El 15 % de los aragoneses viven
con menos de 480 euros al mes, y la mitad de ellos lo hacen en
situación de pobreza severa o grave, lo que contrasta con el ritmo
de crecimiento económico que vive Aragón en los últimos años y con
el hecho de que el 52,9 de los aragoneses tienen ingresos mensuales
superiores a la media de 800 euros por ciudadano. Nos negamos a que
la ley del mercado se convierta en un territorio autónomo sobre el
que las instituciones no actúan, porque consideramos tan básico
evitar la polarización v la exclusión social
como articular un modelo económico aragonés con nuevos
servicios financieros para capitalizar las empresas en Aragón, en
especial las empresas familiares, que compiten en la globalización.
Por tanto,
19.
Queremos una sociedad sin desigualdades, donde no haya lugar
a la polarización y la exclusión social porque el crecimiento se
distribuye de forma justa: para ello, promoveremos la creación y el
mantenimiento de empresas de integración social e impulsaremos un
Pacto aragonés de Solidaridad, abierto a las instituciones públicas
y actores sociales.
20.
Apostamos por un crecimiento económico acorde con la realidad
social y territorial de nuestra Comunidad como camino para mejorar
la calidad de vida de los aragoneses, porque sin ese impulso se hace
imposible cualquier redistribución del bienestar.
Como se está
comprobando en la reorganización
del mapa eléctrico español.
Incluye la equidad, porque una
desigualdad excesiva pone en peligro el sistema.
Entendiéndose genéricamente por
gobernanza las normas, usos, costumbres y procesos de toma
de decisión en materia de asuntos de carácter colectivo. La
nueva gobernanza constituirá, de acuerdo con lo
anteriormente manifestado, la necesidad de implementar y
ejecutar políticas públicas que establezcan vínculos entre las
organizaciones de la sociedad civil y las Administraciones, de
tal suerte que permitan la interacción permanente entre poderes
públicos y agentes económicos y sociales en los procesos de toma
de decisión.
Por ejemplo, el recurso sobre la remodelación de La Romareda
mediante permuta, actualmente en suspenso, que está pendiente de
resolución judicial definitiva.
Hay inscritos dos en el Gobierno de Aragón, aunque varias
decenas más funcionan como tales.
Las primeras derivan de las conexiones con las redes globales;
las segundas, de la localización y la proximidad.
El Consorcio Sanitario Aragonés puede ser una de esas
aplicaciones específicas.
Bajo el principio de universalidad e igualdad en las condiciones
de acceso y prestación.
Es el caso de los comercios o de algunos oficios en pequeñas
poblaciones rurales, problema ya afrontado por el PAR cuando
presidía la Diputación de Teruel (Multiservicio Rural).
Se ha
hablado incluso de una retórica del bien común, porque el
contenido que parece evidente a nivel teórico suele no serlo
tanto a nivel práctico y concreto de cada sociedad.
Nuestro
partido ha impulsado ya el Plan de Inclusión Social de Aragón,
en vigor desde 2005.
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